Los creadores de ‘Aquí no hay quien viva’ llevan a Atresmedia a los tribunales por los derechos de la serie
Casi veinte años después del final de ‘Aquí no hay quien viva’, la emblemática comedia vuelve a la actualidad por un motivo inesperado.
Sus creadores —Alberto Caballero, Laura Caballero e Iñaki Ariztimuño— han iniciado acciones legales contra Atresmedia, al considerar que el grupo ha explotado la serie de forma “indebida, no consentida y excesiva”, un uso que, según ellos, superaría lo pactado en los contratos firmados con la productora Miramón Mendi, extinguida en 2009.
Tal y como informa Dircomfidencial, el Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid ha aceptado las diligencias preliminares solicitadas por los guionistas, que buscan obtener una relación completa de todas las formas de explotación comercial de la ficción desde 2003: emisiones en televisión, ventas a terceros, acuerdos internacionales y presencia en plataformas como Atresplayer, Netflix, Prime Video o Disney+. Los autores sostienen que estas nuevas modalidades —especialmente el streaming— no existían cuando se firmaron las cesiones originales.
La petición incluye conocer los ingresos generados por cada ventana de explotación, cualquier otra remuneración derivada y la identidad de todos los terceros a los que Atresmedia haya cedido derechos durante estos años. En definitiva, reclaman una fotografía completa del recorrido económico de la serie.
Atresmedia, por su parte, niega que exista irregularidad. El grupo defiende que ‘Aquí no hay quien viva’ es una obra colectiva, cuyos derechos corresponden íntegramente al titular actual, y que la cesión acordada en su día no era limitada.
También sostiene que los creadores carecen de interés legítimo para pedir esta información y que varias de sus exigencias son “excesivas y desproporcionadas”, llegando a solicitar que la caución supere los 290.000 euros. Además, alega prescripción, falta de justa causa y mala fe en la solicitud.
Los guionistas mantienen lo contrario: aseguran que la normativa vigente sí obliga a quienes explotan una obra a proporcionar información anual detallada, y remarcan que la documentación entregada por el grupo audiovisual es incompleta. Añaden que puntos clave —como la existencia o no de una cesión total o el impacto de las nuevas ventanas digitales— deberán resolverse en un procedimiento posterior.
La disputa abre un debate relevante dentro de la industria televisiva: cómo deben reinterpretarse los contratos firmados en los años previos al boom del streaming, y quién tiene derecho a participar en los beneficios generados por series que, como ‘Aquí no hay quien viva’, continúan siendo un fenómeno constante casi dos décadas después de su estreno.
